Mientras los argentinos se preparaban para los brindis por el nuevo año, el gobierno dejó traslucir en las redes el texto del DNU 941, finalmente publicado este viernes en el Boletín Oficial (completo acá); por el cual se modifican varios artículos de la Ley 25520 de Inteligencia Nacional, y se le agregan otros nuevos. Un gobierno que se autopercibe exitoso y afirma estar produciendo cambios históricos en el país, o se jacta por boca del presidente de haber sacado a 14 millones de argentinos de la pobreza no debería preocuparse tanto por perfeccionar el aparato represivo, a menos que sepa en su fuero íntimo que el fracaso de su plan es inexorable y más tarde o más temprano deberá prepararse para defenderse solo con represión; o que asuma que la deriva extravagante de su política exterior pone al país nuevamente bajo la mira del terrorismo internacional, y no esté dispuesto a cambiarla, o utilice la amenaza potencial como excusa para reforzar el aparato represivo de toda disidencia social. Habrá que ver hasta cuando duran y hasta donde llegan esos consensos en este nuevo experimento de liberalismo económico al amparo del autoritarismo político. Lo que es seguro es que eso límites no los van a poner ni Milei, ni su gobierno.
Entre las normas que más controversia han despertado se destaca el artículo 1 del decreto, que incorpora a la ley un artículo 2 bis por el cual se dispone que "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad...", en un claro intento por sumarle más oscuridad aun al accionar de la SIDE y los demás órganos de inteligencia, y debilitar aun más los ya endebles controles parlamentarios a su labor.
Peor aun, el artículo 3 del decreto incorpora al texto de la ley el artículo 2 quater por el cual se precisa cuales son las actividades de "Contrainteligencia", que son la vedette del nuevo bando autoritario de Milei, y se aclara que "incluyen": "...evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.".
Para que no queden dudas de la importancia que se le asigna a la contrainteligencia, enfatiza el decreto que sus medidas "...deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”."; o sea que hacer tareas de contrainteligencia no es solo un asunto de los espías: un poder -y una obligación- inquietante en manos de un gobierno que diseñó un protocolo para reprimir la protesta social, o plantea una reforma laboral que trata de reducir a su mínima expresión el derecho de huelga, y obstaculizar si ni impedir las asambleas gremiales o reuniones de delegados.
Las facultades delos operarios mileístas del recontraespionaje (que el DNU denomina "contrainteligencia") son tantas, que pueden incluso "Realizar tareas represivas (y) poseer facultades compulsivas,...", pudiendo en ese marco "...repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo...." (cabe suponer que apelando el uso de la fuerza si fuera necesario) y "...proceder a la aprehensión de personas,...", El decreto no incluye la precisión respecto a si los recontraespías tendrán -como James Bond- licencia para matar, pero se entiende que va implícita.
Esta ampliación de facultades a organismos oscuros poco sometidos al escrutinio público por un úkase presidencial, con desprecio por las libertades públicas garantizadas por la Constitución Nacional y deliberado puenteo de la discusión en el Congreso nacional aparece justo cuando un fallo judicial acaba de anular el protocolo anti-piquetes ordenándole al gobierno que se abstenga de aplicarlo, y con el antecedente a la vista de que precisamente el Congreso le tumbó a Milei otro DNU en el cual aumentaba en 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la SIDE; que dicho sea de paso a partir de ahora serán todos los de su presupuesto.
El DNU 941 apareció como dijimos el viernes 2 en una edición de colección del Boletín Oficial, en la que también se pudieron ver la promulgación del presupuesto nacional del ajuste y de la ley de "inocencia fiscal", la disolución de la ANDIS (Decreto 942) anunciada antes por Adorni, la prórroga por un año más de la intervención del ENACOM (Decreto 938), la renovación de la prohibición de efectuar designaciones de personal en la Administración Nacional (Decreto 934), el aumento de sueldos de los funcionarios excluidos el presidente y la vice (Decreto 931) y el menos comentado (pero social y económicamente mucho más letal) régimen de "subsidios focalizados" a las tarifas de luz y gas (Decreto 943).
Una catarata de turradas en las que no hay que descartar -como dicen algunos- que la filtración previa del DNU de ampliación de las facultades de la SIDE haya operado como maniobra distractiva, para que se hable de eso y no de los demás temas. Más allá de las especulaciones en ese sentido, el DNU 941 es otro claro avance autoritario de un gobierno cuyas pulsiones autocráticas son cada vez más visibles, lo que hace casi risible seguir discutiendo -como hacen algunos como Horacio Verbitsky, con entusiasmo digno de mejor causa- si estamos o no en presencia de un régimen fascista.
Que no estamos -como mínimo- en presencia de un gobierno que se asuma como democrático y por ende comprometido con los valores (y los límites) que presupone la democracia como sistema político, lo dice el propio Milei en los fundamentos del DNU, cuando intenta justificar por qué no remitió un proyecto al Congreso sobre el tema para que se discutiera. Dice el decreto en sus considerandos que "...esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida, por lo que procede recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.122.".
Queda planteado entonces un desafío abierto a la oposición colaboracionista que acaba de validar el presupuesto y la ley de inocencia fiscal o blanqueo permanente: ya está claro que comparten (en términos conceptuales y de responsabilidad política) el ajuste y el saqueo, por lo que mientras se acerca el debate de la reforma laboral cabe preguntarse: ¿compartirán también el autoritarismo explícito de un régimen que ni siquiera ha habilitado la conformación de la comisión bicameral permanente que tiene que analizar los DNU emitidos por el presidente, o de la que tiene que controlar el accionar de los organismos de inteligencia?
Y no se trata de analizar si este gobierno tiene la capacidad real y concreta de desplegar un aparato de inteligencia que se infiltre en todos los estratos de la sociedad, o de montar grupos parapoliciales: a las vísperas de los 50 años de la dictadura más sangrienta que el país haya padecido, es suficiente alarma que exhiba su vocación política manifiesta de hacerlo. Milei parece resuelto a dar el paso que lo lleve del simple negacionismo de los crímenes de la dictadura, a su reivindicación explícita en forma de emulación, tanto como el contexto se lo permita.
Un gobierno que se autopercibe exitoso y afirma estar produciendo cambios históricos en el país, o se jacta por boca del presidente de haber sacado a 14 millones de argentinos de la pobreza no debería preocuparse tanto por perfeccionar el aparato represivo, a menos que sepa en su fuero íntimo que el fracaso de su plan es inexorable y más tarde o más temprano deberá prepararse para defenderse solo con represión; o que asuma que la deriva extravagante de su política exterior pone al país nuevamente bajo la mira del terrorismo internacional, y no esté dispuesto a cambiarla, o utilice la amenaza potencial como excusa para reforzar el aparato represivo de toda disidencia social.
Aquel golpe siniestro de hace 50 años -del que el gobierno con bandos como éste pareciera por momentos haber comenzado con los actos conmemorativos- tuvo gestores (en el poder económico) y consensos (activos y pasivos) en la política y en la sociedad. Habrá que ver hasta cuando duran y hasta donde llegan esos consensos en este nuevo experimento de liberalismo económico al amparo del autoritarismo político. Lo que es seguro es que eso límites no los van a poner ni Milei, ni su gobierno.
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