En notas anteriores nos hemos ocupado de una larga lista de decisiones, violaciones de derechos ciudadanos y procedimientos llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad en perjuicio de alumnxs y de docentes. Ya hemos definido al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña como autoritarios y violentos, con claras intenciones de dominación y sometimiento de profesorxs, alumnxs y familiares.
El complejo y conflictivo contexto de la educación porteña ha demostrado que existe un objeto de dominación, que es el sistema educativo en su totalidad, y sujetos de sometimiento, que son los diferentes actores participantes del mismo. En semejante escenario, se apunta a instalar a través de la educación pública una cultura mercadocrática como forma de vida, con todo lo que ello implica en el terreno político, social, económico, cognitivo y procedimental.
Desde las escuelas se pretende transmitir que el mundo es un gran ámbito en el que el desconocimiento de los derechos, las desigualdades, segmentaciones e injusticias sociales y diferentes formas de violencias se deben aceptar como si fueran fenómenos naturales, que se van configurando u ordenando a lo largo de la vida por la mágica acción del mercado. En este marco, lxs jóvenes en la escuela deberían aprender a ser disciplinados, entendiendo por disciplina el hecho de obedecer y acatar sin titubeos las órdenes de quienes, además de invisibilizarlos como sujetos de derecho, no les permiten la participación democrática en las escuelas ni el ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Sin duda, nos enfrentamos a un claro fenómeno de adoctrinamiento escolar llevado adelante por los eternos denunciantes y practicantes del mismo, que desde siempre llenaron los libros de historia de héroes inventados, “tiranos prófugos” y gloriosas “épocas de oro de la educación argentina”. Parecería que desde el Gobierno de la Ciudad se ha puesto en marcha la versión siglo XXI de viejos dilemas de nuestra historia, como aquel de “Civilización y Barbarie” y el increíble, a estas alturas, “Orden y Progreso”.
Los nuevos Falcon verdes
En el caso particular, la metodología puesta en marcha para la persecución estudiantil incluye un procedimiento penal, con el envío de patrulleros a los domicilios de los jóvenes para la notificación a lxs padrxs, a quienes se pretende hacer penal y materialmente responsables por la participación de sus hijxs en la toma de las respectivas escuelas. Se ha criminalizado a la toma y a sus protagonistas, alumnxs menores de edad. La escena represiva se completa, por ahora, con la permanencia de coches policiales frente a los domicilios de lxs estudiantes, a modo de amedrentamiento y de incentivación del miedo. Cualquier semejanza de dicha situación con las persecuciones políticas vividas durante la peor dictadura de la historia argentina corre por cuenta de lxs lectores.
La sola elaboración de semejante “protocolo” supone además la existencia de una estructura de pensamiento autoritario y fascista, que necesita imponer su autoridad sobre lxs alumnxs con el uso de la fuerza pública. Vaya recurso pedagógico-didáctico al que se recurre. Asimismo, se ignoran entre otras la ley 223/99 de Convivencia Escolar, sancionada específicamente para trabajar colegiadamente y a través del diálogo los conflictos en las escuelas, con la participación de padres, docentes y directivos de las escuelas, a los que podrían sumarse funcionarios del sistema si es que hubiera voluntad de hablar de parte del Poder Ejecutivo.
Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (@CELS_Argentina) afirmaron que las denuncias contra padres y alumnos de escuelas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires "son políticamente lamentables y jurídicamente inviables" pic.twitter.com/ThCCm8Dgue
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 28, 2022
La misma ministra que tiempo atrás discriminaba a los docentes acusándolos de “elegir la carrera luego de haber fracasado en otras” es la que termina imponiendo sus criterios, usando a la policía como si en lugar de estar al frente de un sistema educativo estuviera conduciendo un regimiento.
Otro de los exabruptos que pudieron conocerse en las últimas semanas fue la convocatoria unilateral desde el Ministerio de Educación para que las Jornadas Institucionales para Docentes, que en número de dos tuvieron lugar históricamente en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires y con suspensión de clases, se realicen en días sábados, algo inusual y contrario al Estatuto del Docente.
Uno de los fundamentos de tal medida fue la necesidad de compensar el feriado dispuesto por el Presidente de la Nación con motivo del intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otra demostración de “solidaridad democrática” de parte de gobierno citadino.
Para terminar, que los alumnxs tomen su escuela no es una conducta casual. Significa que están haciendo uso de su autonomía de pensamiento y manifestando a la sociedad que los derechos que los asisten no se están cumpliendo en las escuelas porteñas.
Posiblemente su mensaje nos esté contando sobre lo injusto que es sentirse obligadxs a ir a trabajar gratis y sin sustento pedagógico alguno a empresas que además no encuentran límites para utilizarlos como “mano de obra barata”, tratándose de menores de edad.
Podría ser que estas generaciones de alumnxs, además, nos quieran informar sobre las frustraciones que provoca el recibir una exigua vianda, con fetas demasiado transparentes de queso o jamón o alguna comida que pudiera llegar a la escuela en mal estado, o directamente no llegar.
O simplemente estxs chicxs están propiciando desde su protesta –que es un ejercicio de aprendizaje para todxs– que las autoridades ministeriales, supervisorxs y directorxs de escuelas deberían releer con atención la abundante legislación que protege los Derechos de lxs de Niñxs y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Constitución de la Ciudad, pasando por la Ley de Convivencia Escolar, la Ley de Centros de Estudiantes y la abundante legislación con que cuenta la Ciudad a fin de velar para que la misma sea respetada por su gobierno .La Legislatura y la Defensoría del Pueblo deberían ejercer control sobre estas situaciones, sin importar la relación de fuerzas imperante.
Raúl Moroni - Profesor y supervisor de Educación Media y Técnica en la Ciudad de Buenos Aires.
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