Por Esteban Rafele
Mientras el Gobierno celebra récords de producción en Vaca Muerta y de exportación de petróleo y traza el camino para potenciar el boom exportador de crudo y gas con el RIGI, cada ola de calor amenaza con hacer colapsar la red de infraestructura eléctrica. Lo sufrió, este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano. Pero también hubo cortes en el NEA y fallas, meses atrás, en Santa Fe. Hay un camino de deterioro del servicio que data de dos décadas. En los últimos 14 meses, el Ejecutivo sólo acumuló tropiezos.
La gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo al frente de Energía comenzó con la liberalización del precio del petróleo, para acelerar las exportaciones, y un fuerte aumento en las tarifas de distribuidores y transportistas de energía eléctrica y de gas. El exsecretario también comprometió indexaciones mensuales a las distribuidoras, que el ministro Luis Caputo desautorizó.
En paralelo, en el primer trimestre, Caputo defaulteó la deuda de Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con las generadoras de energía. El ministro mandó a pagar esos compromisos con bonos que cotizaban a la mitad de su valor.
En ese contexto, mientras el boom de producción de crudo y gas aceleraba, la infraestructura interna seguía cuesta abajo. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política UBA-Conicet, la canasta energética aumentó, entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, un 247%, en el caso de la electricidad, y 531% en lo que respecta al gas natural. “En los quince meses, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 401%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 127%”, resumió. La canasta también incluye los aumentos en agua y transporte.
A pesar de esa recomposición de tarifas y quita de subsidios, el servicio siguió cuesta abajo. Claro que no mejora de un día para el otro, pero el Gobierno pudo haber contemplado medidas para mitigar la crisis.
Cortocircuitos
No bien asumido, suspendió la licitación de centrales térmicas que había dejado la gestión de Alberto Fernández, con Sergio Massa en Economía. Eran 3.000 MW para aumentar la generación –que tambalea cuando la demanda llega a los 30.000 MW– con inversiones comprometidas por USD 4.000 millones. Rodríguez Chirillo suspendió el proceso en diciembre y lo dio de baja en julio. Lo consideró caro. Para entonces, CAMMESA ya había advertido que se venía un verano problemático en el abastecimiento de energía. Para hacer frente a esa crisis inminente –y luego de haber afrontado cortes en el abastecimiento de gas en invierno por la falta de pago de un buque de Petrobras–, el secretario coordinador Daniel González encaró un plan de contingencia que consistió en poner en funcionamiento equipos viejos de generación –a un precio más caro– y proponer interrupciones voluntarias a grandes industrias –por cuya energía también se pagó un precio alto–. También se anunció la licitación de AlmaGBA, una suerte de baterías para que las distribuidoras almacenen energía en los momentos de baja demanda. Es una solución más cara que aumentar la generación.
El verano no fue tan duro, pero el calor extremo llegó con marzo y tuvo impacto en el transporte y la distribución. En transporte, la falta de inversiones en líneas de alta tensión lleva más de una década. Son desembolsos que solía hacer el Estado desde antes de la caída de la convertibilidad. “Históricamente, la expansión del transporte la hizo el Estado”, dijo a Cenital Nicolás Arceo, titular de la consultora Economía & Energía.
Incluso con aquel escenario de expansión de la red de distribución de los 90, el sector público notó el desinterés de las empresas para invertir en transporte y creó un fideicomiso para financiar obras con un cargo de las facturas. Ese fideicomiso acumulaba, a diciembre de 2023, una caja de $90.000 millones. Caputo chupó esos fondos para priorizar el superávit fiscal. Recientemente, el Gobierno informó a las provincias que el fideicomiso se daría de baja.
“El fideicomiso también incluía un financiamiento acordado con el BID por USD 1.300 millones para el Plan Federal 3, con un primer desembolso avanzado de USD 200 millones”, recordó Cecilia Garibotti, exsubsecretaria de Planeamiento Energético durante la gestión de Massa en Economía. “Cuando se frenó todo, había $90.000 millones comprometidos en obras”, agregó.
La gestión Milei quiere que esas inversiones las hagan las empresas y se financien con las tarifas. “La discusión es si el privado va a arriesgar. Hasta ahora, no lo lograron”, dijo Arceo. “Dado el riesgo regulatorio, el costo de una línea extra de alta tensión financiada por capitales privados es alto. La discusión es cómo se financia”, añadió.
Para iniciar la red AMBA 1, la gestión de María Tettamanti quiso avanzar con un nuevo cargo fijo en las tarifas de energía eléctrica de todo el país. Debió dar marcha atrás por decisión de la Casa Rosada. No está claro cómo se pagará esa obra para mejorar el transporte en el área metropolitana.
La semana pasada, para definir la revisión tarifaria del transporte eléctrico, la transportista Transener confirmó el estado de desinversión. “En los últimos seis años no se han podido realizar el 62% de las inversiones necesarias”, dijo Pablo Tarca, su director general. “El 35% de las instalaciones del sistema se encuentran al fin de su vida útil”, agregó. Transener cotiza en bolsa, pero el grupo de control accionario se reparte en partes iguales entre Pampa, de Marcelo Mindlin, y el Estado nacional.
El exsecretario de Energía y coordinador del área de la Fundación Pensar Emilio Apud afirmó que la búsqueda de poner al privado al frente de las obras tiene “buen criterio”, pero agregó: “Hay que volcar USD 25.000 millones para recuperar la calidad del sistema, en transporte y distribución. Por más que se consiga financiación, será un golpe tremendo para los usuarios”. Si las obras no las paga el sector público, las pagan, directamente, los consumidores.
En las audiencias públicas para definir los nuevos contratos de distribución, Edesur dijo que destinaba el 30% de su caja a pagar salarios. Con este esquema, el dinero del sector privado para obras de infraestructura se reduce al mantenimiento y al mejor equipamiento de las cuadrillas que deben atender desperfectos. Según datos de Economía & Energía, la recomposición tarifaria para las distribuidoras del AMBA comenzó en 2023, aunque la devaluación de diciembre revirtió el proceso que había iniciado Massa. De todos modos, el proceso aceleró y continuó.
Sin el Estado ni los privados
“Uno de los problemas del Gobierno es que decidió un corrimiento total del Estado, sin que estén las garantías para que entren los privados”. dijo Garibotti. “Ese es el peor de los mundos”, advirtió.
A fines de enero, una resolución de la Secretaría de Energía abrió paso a la desregulación del mercado de generación eléctrica. Pero su implementación -y el consiguiente impacto en las decisiones de inversión de las empresas- no está clara. Por ejemplo, el Estado tiene que darles prioridad a los contratos de energía renovable, que son más caros. La ley que fomenta eso caerá este año, si el Ejecutivo no la prorroga. Mientras las obras necesarias para mejorar el sistema encarecerán las tarifas, los grandes usuarios podrán elegir sus proveedores de energía. Es decir, habría una competencia que reduciría los precios para las grandes industrias, no para los clientes residenciales ni los comercios.
“Si se hacen las cosas bien, recién en el verano de 2026/27 no habrá cortes”, dijo Apud. El dirigente de PRO coordinó con González el desembarco de Tettamanti en reemplazo de Rodríguez Chirillo. Pero esa interacción se frenó. “Quedó en la nada, porque no hubo aprobación de la Rosada. Tettamanti quiso quedarse, pero toda la gente que está debajo suyo no es de ella”, afirmó Apud.
González parece más urgido por acelerar la llegada de dólares. El RIGI concentra proyectos de energía y minería, focalizados en la exportación. El oleoducto VMOS, para sacar crudo por el puerto de Punta Colorada, promete triplicar los envíos de petróleo. Los buques licuefactores de PAE e YPF permitirán iniciar ventas de GNL. En pocos años, la energía aportaría a la balanza comercial el equivalente a lo que entra cada periodo por la venta de la cosecha gruesa. En paralelo, un tercio del país no accede a la red de gas. Ahí no hay privados interesados en invertir. El Estado, avisó Milei, no pondrá un peso.
Esteban Rafele
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