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| La Asamblea Permanente de Derechos Humanos denuncia tres políticas de Larreta como violatorias de Derechos Humanos: el espionaje por reconocimiento facial, el tatuaje de niños con propaganda y la represión indiscriminada. |
En este punto hay que retroceder al invierno de 2008. Por aquellos días la incipiente gestión de Macri al frente del Gobierno de la Ciudad se estrelló con el escándalo de las escuchas telefónicas: una cantidad indeterminada de pinchaduras ilegales articuladas por el ya olvidado espía Ciro James. Aquella trapisonda llevó a la cárcel al cabecilla de La Metropolitana, comisario, Jorge "Fino" Palacios, e incidió en el procesamiento del propio Macri.
Cabe resaltar que entre las víctimas de la maniobra figuraba su cuñado, el mentalista Néstor Leonardo (pareja de Sandra Macri), y su exesposa, Isabel Menditeguy. Pero las derivaciones del asunto condujeron la pesquisa hasta la computadora del sucesor de Palacios en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro. Allí se hallaron evidencias del espionaje sobre tres referentes del PRO: Diego Santilli, Cristián Ritondo y Rodríguez Larreta, además, claro, de muchos otros observados.
Macri salió bien librado de esta trama: el 22 de diciembre de 2015, ya instalado en la Rosada, fue bendecido con un oportuno sobreseimiento.
Desde entonces nadie estuvo a salvo de su abarcativo radar.
De eso puede dar cuenta quien fuera director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión. Corría el 19 de agosto de 2016 cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo denunció penalmente por presuntos actos de corrupción en base a un también presunto sobre entregado anónimamente con audios y datos de dudosa factura. En aquella confabulación subyacía la señera figura de Daniel Angelici y algunos dirigentes vinculados al contrabando en la Aduana, junto a oscuros manejos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en aquel coto del Estado. Ahora se sabe que la orquestadora de la trama fue la "Señora Ocho", Silvia Majdalani.
Poco después, en el contexto de su enfrentamiento con la Procuradora Alejandra Gils Carbó, Macri le quitó al Ministerio Público el control sobre las pinchaduras telefónicas y se lo otorgó por decreto a la Corte Suprema, como ofrenda al supremo Ricardo Lorenzetti. Su primer efecto fue la difusión en los medios amigos de las grabaciones efectuadas sobre los diálogos entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Un indicio de que la AFI ya se había convertido en un Estado paralelo con potestad ilimitada.
Las mismas se convirtieron en un dato explícito durante el último año del régimen macrista. Porque el 15 de febrero de 2019 fue detenido el agente polimorfo Marcelo D’Alessio al ser allanada su residencia del country Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.
"¡Quiero hablar con la ministra!", gritaba, con las manos esposadas. Se refería a Patricia Bullrich. También manifestó su deseo de comunicarse con el jefe AFI, Gustavo Arribas, y con el mismísimo Macri.
El juez federal Alejo Ramos Padilla lo observaba de soslayo. D’Alessio seguía aullando. Ya se sabe que su caída en desgracia puso en serios aprietos al fiscal Carlos Stornelli y al operador del diario Clarín, Daniel Santoro, entre otros insignes personajes. El hecho dejó al descubierto una trama de espionaje, armado de causas y extorsiones.
¿Acaso se trataba de un episodio aislado? En rigor, tuvo que transcurrir otro año para probarse que eso no era así. La cuestión explotó en el despacho del juez federal de Lomas, Federico Villena, por boca de Sergio Rodríguez (a) "Verdura", un narco conchabado por la AFI para hacer tareas de sicario, como la colocación de una bomba en la casa de un alto funcionario del Ministerio de Defensa al que se debía disciplinar. Una trama con insólitas derivaciones que dejó a la intemperie al grupo denominado "Súper Mario Bros". Sus miembros fueron los hacedores de las trapisondas más inimaginables: desde "alambrar" con micrófonos y cámaras los penales con presos kirchneristas, hasta plantarle una mucama-espía al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pasando por el fisgoneo permanente sobre CFK, entre otras "misiones secretas".
El asunto en sí ocurrió el 12 de junio de 2017, cuando nuestro Himmler de entrecasa, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresó su gran anhelo de "tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios". Y lo dijo ante funcionarios provinciales, desarrolladores inmobiliarios y empresarios de la construcción. También había tres jerarcas de la AFI: su jefe de Asuntos Jurídicos. Sebastián De Stéfano (a) "El Enano", su jefe de Gabinete, Darío Biorsi (no es un nombre de cobertura) y su jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Tanto es así que en esa ocasión –y con la venia de la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal– se estableció el criterio para "empapelar" a líderes sindicales de variado pelaje.
Así se llega al "temita" que ahora envuelve a Rodríguez Larreta, quien aprendió la única enseñanza que Macri es capaz de transmitir: el espionaje es la continuidad de la política por otros medios. Ricardo Ragendorfer - Tiempo Argentino
El espionaje no para
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció este jueves que "una vez más, la ilegalidad es la regla en un Gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA", al criticar con dureza el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de prófugos de la administración porteña, que fue suspendido esta semana por la Justicia.
Esta semana, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En un documento firmado por la conducción de la ADPH, encabezada por Mariana Lamorgia, Ramiro Gerber, Enrique Rocatti, se denunció "tres gravísimos hechos presentado en esta semana en distintos ámbitos" porteños.
"El primero de ellos, el tatuado de niñxs con logos y propaganda del Gobierno de la Ciudad en una escuela. En segundo lugar, otro ministro de Larreta, el de Seguridad, Marcelo D´Alesandro accedió de manera ilegal a datos que comprometen la seguridad y la intimidad de distintos opositores al signo del PRO, incluyendo funcionarios públicos, entre ellos el señor Presidente (Alberto Fernández) y la señora vicepresidenta de la Nación" Cristina Fernández de Kirchner, dice el documento.
"El tercer hecho a mencionarse -agregaron- es la represión ejercida días pasados por la policía de la CABA a los manifestantes en el Incaa, que culminara con la detención indebida y arbitraria de un estudiante de cine".
Finalmente advirtieron que estas prácticas desde el Gobierno local "forman parte de una real vergüenza, donde se utiliza al Estado para la ilegalidad y que además se trate de justificar prácticas que se ejecutaban en las épocas más oscuras de la historia de la humanidad y de nuestro país. Toda una afrenta a la República, a las instituciones y a la democracia que tanto nos costo reconquistar en la Argentina".
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