Con la palabra “democracia” creemos –o creíamos– entender que nos referimos –o referíamos– a la democracia plural, a la que corresponde a un Estado de Derecho, a la que pretende adecuarse a una sociedad abierta. Pero ha llegado el momento de precisarlo. Ya no podemos usar la palabra sin aditamentos porque nos estamos aproximando peligrosamente a una de las llamadas “democracias totalitarias” como las del último período de entreguerras y alguna aún posterior.Eugenio Raúl Zaffaroni
Es necesario aclararlo porque las llamadas “democracias totalitarias” también tienen legitimidad electoral. Pero carecen de legitimidad democrática porque en ellas la mayoría coyuntural niega para siempre los derechos de la minoría y, de ese modo, impide la alternancia, con lo cual también niega y se burla del derecho de la mayoría a cambiar de opinión. Su coronación, como es sabido, es el “partido único”. En síntesis: “democracia totalitaria” es una contradicción en los términos, porque no es una democracia sino un totalitarismo, salvo que le demos a esta expresión un contenido perverso y abominable.
El problema es que, al parecer, todo indica que, por caminos nuevos, vamos acercándonos a ese fenómeno. El actual gobierno de nuestra pobre Patria no se conforma ya con poner en prisión al ex vicepresidente, al candidato a vicepresidente opositor, a amenazar con prisionizar a la ex presidenta, a hacerlo con sus ex ministros, a sostener prisiones preventivas insólitas, a impedir a un ex ministro que se trate su grave enfermedad, a llamar a indagatoria al candidato a presidente opositor, a mantener en prisión a una diputada por discriminación múltiple, ni a reponer la picota exponiendo a opositores al escarnio público ante millones de televidentes.
Es obvio que tampoco le basta con que su indispensable aparato concentrado de fabricación de realidad y discurso único eche mano de los mejores consejos del maestro Göbbels para manipular a la opinión pública, ni con tratar de integrar tribunales “a dedo” para juzgar a la oposición. Ahora da un paso más adelante en el sendero de su particular “democracia”, quizá completando el panorama con un “partido único” mediante la intervención inconsulta al principal partido de la oposición.
No es posible contener la impresión de que volvemos rápidamente al revanchismo de 1955, ahora sin el famoso decreto-ley 4161 sino maniobrando judicialmente con el claro propósito de desarticular y dividir a la fuerza política opositora.
No se trata de las proscripciones nada hipócritas, sino abiertas y descaradas, de las dictaduras, como tampoco de la anulación de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de Pueyrredón-Guido del 5 de abril de 1931 ni de la de Framini-Anglada del 18 de marzo de 1962. Por lo menos éstas asumían la responsabilidad de sus atrocidades. Pero ahora se procede arteramente, en una forma que pretende ser “legal”, para lo cual se apela a una intervención judicial al mejor estilo del moderno “lawfare”.
Nuestros jueces no usan toga desde los albores de la emancipación, pero algunos ocultan algo debajo. Si no el hacha del verdugo, por lo menos el destornillador del ejecutivo. Mientras, los que no esconden nada son perseguidos o amenazados con juicios políticos o criticados públicamente por el “primer mandatario” porque no son los “jueces propios” que le gustaría tener a su disposición.
Es realmente triste ver cómo la sombra de la República arrastra cadenas con los restos de la democracia, la carcasa vacía del Estado de Derecho y la balanza abollada de la justicia. La intervención al Partido Justicialista era el eslabón que les faltaba a estas cadenas.
No obstante, estamos seguros de que aún quedan jueces en la Argentina. No lo ponemos en duda porque no podemos concebir que en la Justicia argentina todos oculten algo debajo de sus ropas, aunque más no sea un destornillador. Por eso creemos que alguna instancia se hará cargo de revocar esta desopilante decisión que, es de esperar, quede en el recuerdo como una anécdota más –un pintoresquismo– de un mal momento político de nuestra Patria.
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