Según se señala en los considerandos de la norma, "... través del Decreto N° 732/18 se instruyó a las Autoridades Superiores de los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional para que se abstengan de dictar actos administrativos o adoptar decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco y a revisar toda la normativa de sus respectivos órganos y jurisdicciones a efectos de suprimir tales privilegios o preferencias, realizando los actos y diligencias necesarias para ello.", para acto seguido señalar que "... no obstante el objetivo perseguido por el citado decreto, la instrucción dispuesta no ha logrado los resultados esperados para eliminar los privilegios sustentados en vínculos de parentesco en los órganos y entes del Sector Público Nacional.".
Es decir, apelando a un decreto de Macri tan gaseoso como el que acaba de dictar él mismo, Milei dice que lo tuvo que sacar... porque al de Macri no le dieron bola (ya veremos si es así) y habrían seguido existiendo cargos hereditarios en el Estado. Nota al pie: no es la primera vez que Milei reivindica un decreto de Macri, prueba de la cada vez mayor influencia del calabrés en su gobierno: de hecho, desde que Sturzenegger es ministro, es moneda corriente en cada decretazo "desregulador".
Pero decíamos que -a tono con el discurso del presidente, sus funcionarios y los medios del régimen- estaría bueno que nos contaran donde había cargos hereditarios en el Estado, para ver si estamos hablando de un problema real, o de otra bomba de humo a las que el gobierno nos tiene acostumbrados. Dice al respecto el Decreto 959: "Que en ese sentido, y a modo de ejemplo, se advierte que a pesar de que el estatuto del personal del Banco Central de la República Argentina fue oportunamente modificado tras la sanción del Decreto N° 732/18, durante la última Administración se restableció la posibilidad de que, ante la muerte de un empleado, pueda ingresar a trabajar en su lugar el cónyuge, pareja conviviente o un hijo del fallecido." (obsérvese que ni siquiera se cita el instrumento legal por el cual se habría hecho: decreto del PEN, resolución del directorio del BCRA, nada).
Y agrega: "Que, por otra parte, se ha verificado la vigencia de convenios colectivos de trabajo celebrados por entes públicos que contemplan cláusulas que contradicen el marco normativo y son incompatibles con la idoneidad como condición exclusiva y excluyente de acceso a los empleos públicos por contener privilegios basados en vínculos hereditarios.", poniendo como ejemplos "Que, entre ellos, se encuentran los convenios colectivos de trabajo celebrados por la ex-Administración Federal de Ingresos Públicos, la ex-Dirección General de Aduanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Banco de la Nación Argentina.".
O sea: en todo el ámbito del Poder Ejecutivo nacional (la presidencia, los ministerios y secretarías de Estado) no hubo ni hay norma alguna que disponga que los cargos públicos son hereditarios, y si había alguna disposición en ese sentido era en algunos convenios colectivos de trabajo (tampoco el decreto precisa concretamente que decían estos), y si la intención era terminar con algún privilegio, le basta a Milei con instruir a sus funcionarios que denuncien esa cláusula de los convenios en los que son parte (que en algunos casos podrían incluir a empresas privadas que tienen el mismo convenio de actividad).
Pero no lo hizo, por una muy sencilla razón: el único objeto del decreto era lanzar una bomba de humo, que alimente los prejuicios anti-Estado y anti-empleados públicos, de buena parte de la sociedad, y en especial de su electorado: el problema de la sociedad es el Estado, el problema del Estado son los empleados públicos, el problema de los empleados públicos es que además de ser unos vagos llenos de privilegios, entran por parentela y acomodo (cosa que existe desde tiempos inmemoriales,en todos los gobiernos, incluido este. Sobre todo éste), y además si se muere uno, hay que nombrar a un familiar en su reemplazo.
Y de paso, lo que busca con estas pantomimas es instrumentar las medidas que sí quieren tomar (como disolver la AFIP, desmantelar los controles aduaneros, privatizar el Banco Nación o vaciar de contenido a la ANSES, despedir empleados públicos o pisarles los salarios), pensando que contarán con consenso social para hacerlo, porque previamente la siembra de prejuicios -o la cosecha de los que existen en la sociedad- ya dio sus frutos. Exactamente lo mismo está haciendo acá en la provincia Pullaro con la EPE y ASSA, sondeando el consenso social para posibles privatizaciones, o en su defecto, para que los usuarios soporten los tarifazos.
Nada nuevo bajo el sol: la manipulación de los prejuicios, las emociones y las bajas pasiones del electorado o la ciudadanía datan de tiempos inmemoriales, y ha sido teorizado desde -por lo menos- el nazismo para acá. De hecho, esa es precisamente la idea del "ministerio de cosas" que le armaron a la medida a Sturzenegger: bombardear con ideas sencillas (para mentes infantiles) como la panacea para resolver problemas que, o bien son complejos o directamente no existen o no tienen la entidad que se les atribuye, y mientras la pavada (es decir, el conjunto de pavos) anda en lo suyo, ellos se dedican a lo que realmente les interesa, que son los negocios.
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