Culturicidio: Ataque a las bibliotecas y el teatro

El gobierno de Milei busca desmantelar la centenaria Comisión de Bibliotecas Populares y el Instituto Nacional del Teatro. Los recientes decretos atentan contra las redes que garantizan el acceso a la cultura en todos los rincones del país. Aquí, los derechos en peligro. 

Por Norma Cancino y Melina Seldes

 
El gobierno de La Libertad Avanza ataca a quienes defienden sus derechos: jubiladxs, periodistas, fotógrafxs, trabajadorxs de la cultura y cualquier persona que se organice frente al ajuste salvaje e injustificado que, lejos de beneficiarnos -según pregonan- nos empobrece día a día. No le alcanza con pretender disciplinar invirtiendo presupuesto en balas, cartuchos de gas y juicios que a la larga, pagará el mismo Estado.

No conforme con ello, atenta también contra lo más valioso que un pueblo puede tener: su cultura. Implica mucho más que sus costumbres, incluye su historia, escritos, artistas, expresiones y podríamos seguir, pero básicamente es lo que nos une como país. La cultura es un derecho humano fundamental: garantiza acceso, participación y creación colectiva. Atacarla es una forma de disciplinamiento y silenciamiento. Hablamos de culturicidio porque no se trata solo de un recorte presupuestario y burocrático, es un intento deliberado de borrar políticas públicas que sostienen la diversidad cultural y la producción simbólica del país.

Con los Decretos 345 y 346/2025, el gobierno de Javier Milei y quienes lo avalan, pretenden desmantelar dos instituciones federales fundamentales: la centenaria CONABIP (Comisión Nacional de Biblioteca Populares) y el Instituto Nacional del Teatro (INT) eliminando su autarquía, disolviendo sus órganos democráticos y derogando -en el caso del teatro- más del 60% de su ley fundacional (Ley 24.800). Lo hace argumentando de modo falaz sobre una supuesta “eficiencia”, pero en realidad recorta, centraliza y disciplina.

La motosierra sigue llegando a las instituciones culturales del mismo modo que ya pasó por el INCAA. ¿Dimensionan realmente -desde un escritorio citadino en pleno centro porteño- lo que implica para el resto del país?

 

Malas decisiones

1. Destruir el federalismo cultural
Tanto CONABIP como el INT son organismos que garantizan presencia territorial real en las 24 jurisdicciones del país, mediante delegaciones provinciales y políticas públicas diseñadas desde los territorios.

Estas instituciones articulan con cientos de organizaciones, colectivos y voluntarios, sosteniendo una red cultural viva que ningún modelo centralizado puede reemplazar.

La disolución de estas entidades tal como las conocemos y su concentración en la Secretaría de Cultura de la Nación debilita la capacidad de apoyar a las bibliotecas populares y al teatro independiente en todo el país, especialmente en provincias donde es el único sostén estatal.

2. Romper la participación democrática del sector
Modificar o eliminar la Junta representativa y el Consejo de Dirección implica una ruptura con los espacios de cogestión que garantizaban la intervención de actores territoriales y del sector en las decisiones estratégicas.

En su lugar, se reemplazan por consejos asesores ad honorem sin poder real de decisión y representación. A su vez, el criterio para la designación de estos integrantes queda a discreción del funcionario de turno perdiendo la pluralidad de voces, reemplazada por una estructura jerárquica y verticalista, perdiendo también -en el caso del INT-  los concursos públicos

3. Desfinanciar y debilitar la acción cultural en todo el país

Ambas instituciones pierden autonomía presupuestaria:

• En el caso del INT deja de ser un ente autárquico, quedando expuesto a recortes arbitrarios de presupuesto y a la voluntad política del gobierno de turno. Los subsidios, festivales, giras y planes formativos están en riesgo inmediato. Los fondos del INT tienen una ejecución del 99%, lo que demuestra su eficiencia operativa. Lo que está en riesgo no es el funcionamiento: es su existencia.
• En el caso de la CONABIP, queda desplazada como autoridad de aplicación de la Ley 23.351. El Fondo Especial -sustentado por el 5% de lo recaudado por juegos de azar y destinado a la realización de Ferias del Libro, actividades educativas y culturales y compra de libros- queda en manos discrecionales. Actualmente, casi 1.500 bibliotecas populares reciben apoyo técnico y económico de CONABIP en todo el país.

4. Debilitar la institucionalidad construida históricamente
El INT es un modelo regional y latinoamericano en políticas públicas para la cultura.

En el caso de CONABIP, una institución de más de 150 años creada por Domingo Faustino Sarmiento, se reemplaza por una oficina dentro de un esquema administrativo que prioriza la reducción de gastos.

5. Utilizar la “eficiencia” como excusa para concentrar poder
Los decretos 345 y 346/2025 apelan al argumento del “sobredimensionamiento estatal” que es una retórica neoliberal clásica, que ignora el valor simbólico, educativo y social de la cultura. No se trata de mejorar el funcionamiento, sino de desmantelar capacidades estatales.

El discurso de la eficiencia encubre una decisión política: debilitar la capacidad del Estado para garantizar derechos culturales y reemplazarla por un esquema centralizado, frágil y manejable desde Buenos Aires.

Ambos organismos cuentan con distintos mecanismos de control. Los datos están disponibles. La ley funciona. Lo que no funciona son los decretos.

No hay mejoras propuestas, solo concentración de poder.
La cultura no es un gasto, es un derecho, es memoria, es futuro.

La CONABIP y el INT sostienen miles de proyectos en todo el país. Desmantelarlos no es más eficiente, es más injusto, más centralista y más autoritario.

Estos decretos -dictados sin ninguna necesidad ni urgencia- destruyen herramientas potentes para garantizar el acceso a la cultura, la educación y el entretenimiento, derechos inherentes a toda persona. Son parte de un plan sistemático de desarme del Estado y silenciamiento de los territorios.  La cultura no solo se expresa en los grandes centros urbanos. Está en cada biblioteca de barrio, en cada escenario improvisado en un centro comunitario, en cada feria del libro popular, en cada función en un pueblo sin teatro. Garantizar el derecho a la cultura es garantizar igualdad de oportunidades, memoria colectiva y la posibilidad de imaginar futuros compartidos.

Abre la puerta a un modelo donde unos pocos decidan quién tiene derecho a la cultura y dónde podrá tener este derecho garantizado. Lo que hoy parece un ataque al teatro y las bibliotecas, puede convertirse en un grave precedente para mañana eliminar cualquier otra institución cultural autárquica, si nos gana una cómoda y silenciosa complicidad. No hay mejoras propuestas, solo concentración de poder.

Desde el Sindicato de Trabajadorxs Bibliotecarixs de Argentina (SiTBA) y la Asociación Argentina de Trabajadorxs de la Danza (AATDa), exigimos su derogación y la defensa irrestricta de la cultura pública, federal y democrática.

¡Nos sumamos a la marcha del 4J en la Plaza del Congreso a las 16 hs!

Norma Cancino y Melina Seldes