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martes, 7 de noviembre de 2017

Sin Estado de Derecho. La Construcción del Monstruo para Legitimar la Barbarie

Además del cinismo, nos gobierna la prepotencia: en la Argentina hay presos políticos, con intervenciones del poder judicial más rápido del planeta, capaz de dictar sentencia antes de que ni siquiera se haya a acusado formalmente a una persona. Simulacros de juicio, corrupción judicial, más impunidad y menos libertad, mientras se está levantando en su lugar el Estado autoritario de derecha, rigiendo un sistema legal que lleva adelante simulacros de juicio destinados a encarcelar o tener amenazados a cualquier ciudadano/a cuya estigmatización y escarnio sean útiles a los planes del régimen gobernante, el cual necesita de impunidad política y jurídica para avanzar hacia una sociedad con más injusticia social y menos libertades públicas. Resumiendo: "Se va cayendo el Estado de derecho", dijo el jurista Eugenio Zaffaroni.

El Poder Judicial hoy engloba el nuevo dispositivo de dominación con que las clases dominantes de Argentina y de toda Latinoamérica tratan de someter al conjunto de los pueblos: el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en 2009 en Honduras por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (primer ensayo de la novedosa estrategia de golpes de Estado "blandos"), luego el presidente Fernando Lugo fue derrocado en 2012 en Paraguay por un golpe parlamentario con aval judicial, posteriormente la presidente de Brasil Dilma Rousseff fue derrocada por el Congreso luego de un largo asedio perpetrado por jueces y fiscales antidemocráticos y por los cárteles mediáticos encabezados por la cadena Globo.
La corrupción judicial no alude solo a que muchos de sus integrantes no soportaría una investigación imparcial sobre sus propiedades, sus negocios, su decoro en las acciones particulares y sus relaciones con los servicios de espionaje y con la embajada de Estados Unidos, sino en todo el sistema corrompido hasta la médula degenera y destruye la democracia, el Estado de derecho, el debido proceso, la igualdad ante la ley, las garantías constitucionales y la vigencia de las normas jurídicas en general.


"... la configuración del sentido común es inherente a la construcción social de la representación que llamamos ‘lo real’, ya que en ese proceso se constituyen también una visión del mundo y una lectura de lo que se considera como ‘lo correcto y lo verdadero, en un determinado punto del tiempo histórico’. Lo cual compromete no sólo una ‘descripción’ del mundo en tanto ‘lo real’, sino una ‘valoración’ axiológica de ese mundo y los sujetos que lo habitan..."
H. D. Aguilar

Muchas veces, el Felino Macri y los principales referentes de Corporación PRO exponen su compromiso para cambiar el país con una serie de palabras claves recitadas en tono amoroso pero firme. La verdad, el diálogo, la transparencia y el trabajo el equipo pueden ser algunas de las más utilizadas. Ellos se plantan para frenar a aquellos que apelan a la viveza criolla para obtener ventajas, a los que aprovechan los resquicios de la legalidad para introducir sustancias ilícitas, a los que coimean empresarios para obtener obras públicas, a los que evaden sus responsabilidades fiscales y a los que viven del Estado. Generalmente, utilizan la síntesis más efectiva de todo esto con un término que cala muy hondo en el sentir de su público: la corrupción, que parece ser una acción que sólo un sector de la sociedad ha practicado a lo largo de la historia.
Claro que en los últimos tiempos, los corruptos son sólo políticos identificados con cierto color y hasta con una sola letra. De manera incomprensible, las coimas son cobradas pero no hay nadie que las pague. El veneno de los televidentes espumea en la boca ante las imágenes de los sospechosos ya condenados. Aunque las causas se mezclen y las denuncias rocen el absurdo, los demonizados sólo merecen la cárcel, en el mejor de los casos. No importa que las empresas de la familia presidencial se hayan beneficiado con su asociación con los dictadores ni la colección de ilícitos que Macri porta sobre sus hombros; en los medios que consumen a diario, conductores, periodistas y animadores no se indignan con la empresas offshore del Ingeniero y sus secuaces ni con el intento de perdonarse la cuantiosa deuda del Correo Argentino; tampoco muestran el entramado de negocios que están armando los miembros del Gran Equipo. Ellos, que han estafado siempre al Estado y han presionado a los gobiernos para que carguen sus deudas sobre la dignidad del pueblo, anuncian en medio de la orgía, sin atisbo de pudor, que ahora se acabó la joda.
Seguro que a nadie le importa que el ministro de finanzas de la Nación esté involucrado en la administración de una red de sociedades en guaridas fiscales. Seguro que tampoco le importará a nadie que, desde el presidente para abajo, todos los miembros del gabinete han fugado dinero al exterior. Por lo visto, no ha habido demasiado asombro por el dictado de un decreto presidencial para habilitar a su hermano a blanquear dinero escondido en esas guaridas, cuando la Ley lo prohibía. O con el nuevo escándalo referido a paraísos fiscales: los "Paradise Papers" y Caputo y Aranguren, ministros del Felino Macri, involucrados en evasión y lavado.
Sin embargo, poco y nada le importa al grueso de la gente tanta corrupción real. Prefieren la otra, la mediatizada para el consumo masivo y de digestión rápida. Resulta mucho más fácil contar con chivos expiatorios contra los cuales cargar con esa caballería de trolls y faranduleros de media tarde.

Siempre llegaron escondidos detrás de los golpes militares, con lo cual, fusilar, secuestrar, torturar, desaparecer o matar a compañeros, estaba a la orden del día de las fuerzas que les respondían. Ahora empieza otro capítulo, y el huevo de la serpiente a partir del cual se crían las monstruosidades que encaminan a Argentina hacia otro abismo histórico, lo puso la Cámara de Diputados al aprobar el desafuero de Julio De Vido para que fuera inmediatamente encarcelado. Ese fue el paso, que no tiene retorno, por el cual la dirigencia política surgida del voto ciudadano completó la degeneración de su mandato democrático y, en lugar de servir a los intereses generales de la sociedad y al bien común, se sometió (en el sentido más humillante de la expresión) al ultraje de la corporación judicial que hoy es la fuerza de choque utilizada para resguardar los privilegios del bloque de poder dominante en contra de los derechos e intereses del pueblo y de la nación.

Estamos siendo testigos del viejo odio que siempre expresó la oligarquía por el pueblo, pero esta vez elegidos por una sociedad zombie. Nuestro país ha tenido amargas experiencias en materia de persecución política, por lo cual es intolerable mantenerse en silencio ante evidentes atropellos a la Constitución Nacional en democracia.


Los presos políticos no son producto de decisiones formales del Poder Ejecutivo, como era habitual en los tiempos de los gobiernos militares y los “democráticos” de minoría y basados sobre la proscripción. El mecanismo actual evolucionó –como corresponde a una derecha moderna y democrática– hacia un automatismo autoritario: a los enemigos del gobierno los bombardean los medios, los estigmatizan los funcionarios del gobierno y los mete presos “preventivamente” el Poder Judicial. Se dirá que es una parte del Poder Judicial: es así, pero a eso hay que sumar el avance sobre los jueces independientes sostenidos por consejos de la Magistratura controlados por el gobierno, que se verifica sistemáticamente y tuvo en el juez platense Arias su última víctima. Es decir, el avance hacia un Estado autoritario es sistemático y no deja casilleros en blanco; la línea divisoria entre lo legal-constitucional y lo arbitrario y autoritario se va diluyendo todos los días.
Damos un pequeño repaso de lo ocurrido en menos de diez días permite observar los últimos ejemplos de la ejecución de esa estrategia:

25 de octubre: destitución y encarcelamiento del diputado De Vido, responsable institucional de la construcción de obra pública de la anterior gestión.

26 de octubre: un juez procesó a 22 personas que habían participado en la gigantesca marcha del 1º de septiembre, cuando se cumplió el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Los acusan de “resistencia a la autoridad” e “intimidación pública”, y están amenazados de sufrir hasta seis años de prisión. Se ejecuta así la instalación del miedo para que la población evite involucrarse en protestas callejeras (acceso a la información del sitio web de TN, el 26 de octubre).

30 de octubre: renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó luego de varios años de extorsión, denigración pública y amenazas personales contra ella y su familia. Se trata de la fiscal que rediseñó ese organismo para que se dedique como nunca antes se había hecho a investigar la criminalidad compleja (criminalidad económica y lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, violencia institucional y violencia contra la mujer, entre otras). Así, el sistema fiscal tuvo como prioridad aquellos delitos donde pueden estar implicados jueces, jefes policiales o de Gendarmería, empresarios, banqueros, políticos y en general personas que ocupan lugares de poder.

26 de octubre (aunque la noticia trascendió días después): arresto de Nicolás Lucero, un chico de veinte años de un barrio del Conurbano bonaerense, por escribir un año antes en su Twitter una canción de la hinchada de Chacarita ("Macri/ te vamos a matar/ no te va a salvar/ ni la Federal"), cuya publicación fue detectada por el espionaje del gobierno y partir de ello acusaron al pibe de "amenazar al presidente de la nación". Lo dejaron libre un día después, pero la persecución judicial sigue, porque el macrismo le inventó una acusación penal (crónica de Página/12 del miércoles 1).

1 de noviembre: reencarcelamiento de Milagro Sala en la prisión de Alto Comedero, dando continuidad a la política de ultraje y ensañamiento contra la líder popular jujeña en violación de las garantías constitucionales y el Estado de derecho, y contra resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (nota de Inbofae, del miércoles 1).

2 de noviembre: suspensión, como primer paso hacia su destitución, del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias. Honorable magistrado, abominado por los poderes de facto y detestado dentro del propio ambiente judicial por no pertenece a la corporación, y por haber exhibido siempre como funcionario público una decencia, valentía y dignidad que pocos colegas suyos pueden mostrar.

2 de noviembre: apartamiento de la investigación por Santiago Maldonado de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), una de las áreas que creó al comenzar su gestión la renunciante procuradora Gils Carbó, y es el más importante organismo fiscal que haya actuado en toda la historia del país para perseguir a policías, gendarmes, prefectos, militares y otros miembros del personal armado del Estado que hayan sido partícipes de crímenes de todo tipo.

2 de noviembre: confirmación de otro procesamiento más contra Cristina Kirchner, esta vez con el pretexto de la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez (acceso a la nota de Clarín donde se resumen los argumentos burlones y patoteros, de estilo barrabrava, del fiscal derechista y ultra-antikirchnerista Germán Moldes).

Viernes 3: prisión contra Amado Boudou y escarnio público con un show de imágenes denigrantes. Hay que recordar que Boudou había sido el autor intelectual de una ambiciosa decisión del gobierno kirchnerista para el fortalecimiento del rol del Estado y la recuperación de la soberanía económica del país, que fue la abolición del negociado de la jubilación privada y la renacionalización del sistema jubilatorio del país que desde el menemismo había quedado en manos de banqueros y capitalistas extranjeros.

La literatura politológica ortodoxa y formalista del neoliberalismo no autorizaría el anterior enunciado: en la Argentina no se ha modificado drásticamente el sistema institucional ni se han establecido leyes de excepción ni están formalmente suprimidas o afectadas las libertades públicas e individuales. Sin embargo, la misma politología fantasmal se usaba para fundar el llanto por la república perdida en tiempos en que el noventa por ciento de la palabra circulante en el país estaba en manos de grupos poderosos y furibundos antagonistas del gobierno, que no se privaban de nada en su política desestabilizadora; “periodismo de guerra” lo definió uno de sus periodistas. Todo el sonsonete del debilitamiento de la división de poderes, la confusión del partido con el Estado y el pathos autoritario de los gobiernos anteriores devino hoy en una exaltación de la fuerte voluntad del actual gobierno por terminar con la corrupción y el autoritarismo, no importa a qué costo.
Es la Constitución Nacional, nomás...
La convocatoria que algunos ciudadanos hemos hecho para mañana en el Congreso se inscribe, necesariamente, en la necesidad de una respuesta cívica al desquicio jurídico que hoy impera en la República Argentina.

Denunciado reiteradamente por periodistas y personalidades, lo cierto es que no sólo se ha deteriorado la calidad de la Democracia que tanto dolor y tanta sangre costó hace 40 años, sino que –peor aún– es la democracia misma la que peligra.
Anteayer, en un vuelo desde el Sur, escuché a un joven que era obviamente abogado comentar, con su compañero de asiento, que se ha eliminado de las ternas para concursos de jueces a colegas de su generación que firmaron la última declaración de Justicia Legítima. Y el viernes, al terminar una conferencia en San Martín de los Andes, amigos que militan en el MPN (Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia) me explicaron la resistencia (ignorada en Buenos Aires y en los grandes medios) al atropello “de Nación” que quiere quedarse con los fondos jubilatorios provinciales. Los cuales están sanos, son importante factor de equilibrio local, incluyen el 82 por ciento móvil y tienen rango constitucional de la Carta Magna neuquina.

Sólo hace una semana un joven viajero contaba, en un café resistenciano, que regresando en coche desde Formosa y en un retén de Gendarmería Nacional en uno de los 6 controles que ahora hay en los 160 kilómetros de distancia entre Formosa y Resistencia (sí, 6 entre los de GN y las policías de ambas provincias) dos gendarmes comentaron mirándolo fijo y con sorna amenazante: “Mirá qué cara de Maldonado tiene éste”.

En la misma última semana una colega jujeña me escribe, adolorida, que ya empezaron a cerrar Institutos de Profesorado. A la vez que compañeros tucumanos escriben, escandalizados, que sigue adelante pero silenciada la privatización de la Salud Pública, aceptada por el gobierno de Tucumán. Y asunto que por sí mismo denuncia el asombroso, increíble silencio nacional de sindicalistas del ramo.

Desde ya que también hay afrentas desde el llamado “campo”, ese fantasma del que se habla casi nada, mal y al cuete. Que asuma como ministro de agroindustria un hombre denunciado por trabajo esclavo, por evasión y desvío de dineros, con cuentas offshore y denunciado incluso por familiares directos que repudian su falta de principios y decencia, es toda una definición. Y que se nombre embajador en los Estados Unidos a un empresario frutero que es directivo de una empresa belga que el año pasado cerró dos plantas en la Patagonia despidiendo a más de 1.300 trabajadores, completa el cuadro.

Son sólo botones de muestra, de los miles (miles, sí) de diarios atropellos políticos y jurídicos en un país desquiciado, cuya Justicia ya no es tal pues ha sido copada y desvirtuada por una banda corporativa que merecería la cárcel si la Argentina fuera hoy -como les gusta decir a los contentos de la república- “un país normal”.

Por eso fue tan lamentable la renuncia de Gils Carbo a la Procuraduría General de la República: porque más allá de su comprensible agotamiento, y como algunos reflexionan, quizás no debió renunciar porque así le evitó al gobierno el escándalo de echarla. “Ahora en un par de meses tendrán procurador friendly, y gratis”, lamentó en privado uno de los juristas más notables del país.

Hay miles de episodios de abuso judicial en todo el país. Los cuales en Buenos Aires ni interesan ni se sospechan, gracias al silencio macizo de un periodismo que ha perdido vergüenza y profesionalismo, y a un sistema comunicacional avorazado y corrupto.

Pero lo más grave –en términos del incendio social que parecen impulsar el gobierno y algunas figuras políticas entre megalómanas y psicopáticas– es que con esos miles de abusos y violaciones cotidianas, y al destruir el Estado de Derecho, estos tipos lo que en verdad están haciendo –es mi opinión– es crear a conciencia una situación límite para que se desborde.

O sea, un cuadro de destrucción institucional que acabe con violencia, que es lo que –es mi opinión– en el fondo desean. Para “meter palos”, para “liquidar a los negros” y “a los indios”, para acabar de una vez con el “maldito peronismo” y para eliminar todas las conquistas y legislaciones sociales. Todo eso que tanto costó al pueblo argentino desde las batallas legislativas de Alfredo Palacios durante décadas, y claro, desde 1945 hasta 2015, o sea 70 años de populares intentos de frenar, limitar y acotar los privilegios de una oligarquía que acaso sea la más miserable de todas las oligarquías del mundo. Porque ésta, encima, es bastarda y más poblada de hijos y nietos de inmigrantes cretinos y mafiosos que de familias dizque patricias.

En ese contexto –si sucediera y mucho temo– la violencia que están estimulando será reprimida por las fuerzas bestiales que ellos mismos vienen creando a la par de liquidar a la Justicia, remilitarizar el país y reinstalar el miedo.

Para eso tienen, en primera fila de combate (así lo han definido ellos mismos), a un ejército de servidores de la concentración mediática. Que entre sus cotidianas pérdidas de vergüenza, por ejemplo, callan cuando el Presidente de la Nación pronuncia otra de sus habituales frases desafortunadas, ésta sobre la Biblioteca del Congreso, que es una de las más competentes, mejor equipadas y más consultadas bibliotecas de toda Nuestra América. En realidad fue un ataque infantil, cabe decirlo, o sea por pura ignorancia. Y el monstruo mediático llamado TN lo protegió una vez más.

Acaso eso explica, de paso, el asombroso silencio de los ricos, e incluso de gente que se supone es de derecha pero uno creía decente y con ciertos principios. Pero que ahora callan y hasta las parece bien –¡y les encanta!– cuando se encarcela a opositores sin condenas, sin juicio siquiera y de manera absolutamente inconstitucional.

Y ésa es la cuestión. Una vez más, la esencia del drama argentino es la invisibilización de la Constitución Nacional. En ningún contexto familiar, escolar, laboral, sindical, hay conciencia de ello. Y ése es el gran triunfo ideológico del neoliberalismo: han logrado que la sociedad argentina, casi unánimemente, ignore y ni se dé cuenta de la importancia de tener, respetar y hacer respetar la CN.

Lo cual compromete a resistir y hacer docencia. Como planteamos desde El Manifiesto Argentino, que ya genera conciencia en muchas provincias: es urgente darnos una nueva CN. No una reforma. Hace falta otra CN. De origen popular, participativo, que reformule todo y acabe con un Poder Judicial espurio y establezca un nuevo, transparente y verdadero Servicio de Justicia.
Mempo Giardinelli - Escritor, periodista y Miembro del Manifiesto Argentino



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