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martes, 16 de mayo de 2017

El Informe del Horror: la ONU Denuncia la Violencia Estatal


Desde la Jujuy de Milagro Sala nos dicen que los argentinos somos derechos y humanos, mientras que el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT por su sigla en Inglés) publicó un informe en el que cuestiona las violaciones de los derechos humanos en Argentina, tras la 60° sesión en Ginebra, Suiza, en la que la nación presentó su quinto y sexto informe sobre la implementación de los convenios internacionales.

Los expertos del CAT en sus conclusiones critican en especial la situación de tortura en los centros de detención, el abuso policial, las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la desprotección y la discriminación a los inmigrantes del último año, así como la violencia de género y los feminicidios en el país.
Respecto a la tortura y malos tratos en los centros de detención, el Comité expresó su preocupación por los patrones de violencia y arbitrariedad de parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, evidenciando que esto es el show de los retrocesos: pasado por futuro.

¡Qué hipocresía de criticar a Venezuela y callar sobre Argentina o México! Quien critica la violación a los derechos humanos en Venezuela pero se niega a ver la realidad en nuestro país es un hipócrita. La alegría solo es de los banqueros, los ricos y los poderosos empresarios dueños de casi todo. También del gobierno, que ahora son los mismos dueños de casi todo y de todos. También de nuestra libertad y del nivel de violencia a la que somos expuestos cotidianamente en la Nueva Era Neoliberal.


Pero la ONU no midió otro nivel de torturas, quizás más cotidianas y comunes... Los datos duros de los números golpean las puertas de los engañados. Los datos del INDEC que dice que la mitad de los argentinos sobrevive con menos de $8500 llaman al recuerdo veraz de un pasado de felicidades negadas, empujados por relatos fantásticos de profetas del rencor y el desprecio, subidos al tren de la mentira programada, de la destitución solapada, del odio gratuito y la enemistad fabricada.
Mientras las pantallas insisten, con caras repetidas y voces petulantes, que lo peor ya ha pasado, que la herencia fue muy pesada y que los nuevos mandamases son inocentes víctimas de conjuras populistas, los vientos de la miseria soplan cada vez con mayor fuerza, dejando desnudos, literalmente, a millones de empobrecidos, hambreando a los inocentes, desesperando a las madres, alejando a los viejos del "lujo" de los medicamentos.
Los docentes se ven empujados, otra vez, a reclamar derechos ya alcanzados a fuerza de largos procesos de lucha. Pero regresan también a la doble función de alimentar a sus alumnos, en escuelas que vuelven a su casi olvidada función de comedores, donde famélicos estudiantes ya ni pueden aprender por sus estómagos vacíos. Los trabajadores están acorralados entre suspensiones masivas y condiciones feudales de labores, entre paritarias a pérdidas y amenazas de despidos. Los comercios bajan sus persianas y las pequeñas industrias ya no pueden ni siquiera ser pequeñas.


Violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT señaló, de entrada, estos incumplimientos:
  • La creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos de tortura.
  • Una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
  • El cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales.
  • El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.
El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código Penal con la definición que establece la Convención, es decir, la inclusión como sujetos activos del delito a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación también incluiría la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos.
Y reclamó “medidas urgentes” sobre estos 8 puntos.
  1. Tortura y malos tratos en centros de detención: “Estructura militarizada”
Al igual que en los informes anteriores, el Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresados a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los registros personales “invasivos y vejatorios” además de los “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a modo de “castigo encubierto”.
El Comité recomendó al Estado “investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores”. Además, insta a la adopción de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario “en un modelo institucional de naturaleza civil” aumentando la profesionalización y transparencia.
  1. Violencia policial
El Comité expresó su preocupación por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” y que la población son “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen “tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.
El Comité urgió al Estado:
  • “Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
  • Realizar un proceso judicial “efectivo e imparcial” sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, los dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”.
  • “Restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina”. Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña falló en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó la condena a la CIDH citada por el Comité.

La alegría solo es de los banqueros, los financistas y los poderosos empresarios dueños de casi todo... y del felino Macri y sus amigos, y de Heidi Vidal que se fue de retiro espiritual como buena aprendiza a miauestro zen, y como tal ya autorizó un aumento en las tarifas eléctricas que se publicitó como del 58%, pero que en realidad irían de entre el 115 y el 123%.
 




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