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lunes, 15 de mayo de 2017

Cacería Wichí, cacería indígena


Mientras avanza la criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en todos los puntos del país, en la provincia de Formosa la comunidad wichi denuncia que arman causas para callarlos únicamente porque reclaman por sus derechos. En sintonía con la detención ilegal de Milagro Sala en Jujuy, en la Argentina neoliberal crecen las arbitrariedades, atropellos, despojos y torturas a distintas etnias. Continuamos el tema desarrollado por Hera, pero desde un hecho puntual que ocurre actualmente en Formosa, y que se ve multiplicado a lo largo y ancho del territorio nacional.

La criminalización de las protestas mediante el armado de causas judiciales a los indígenas que reclaman por sus derechos es moneda corriente en Formosa y Jujuy y se extienden por todo el país. Son parte esencial de la política represiva de los poderes provinciales frente a las exigencias de las comunidades. La judicialización no sólo se utiliza para disuadir o castigar los cortes de rutas, sino para evitar cualquier demanda.
En el caso de Formosa, la población indígena de la provincia no es desdeñable y está compuesta por cuatro pueblos. Los más numerosos son los wichí, distribuidos en 82 comunidades por casi todo el territorio; hay también 38 comunidades del pueblo qom, 22 pilagá y alrededor de unas veinte de la etnia nivaclé.
A continuación, una anécdota que incluye persecusiones, arrestos ilegales, torturas y una realidad acuciante que muestra el costado más cruel del poder autoritario de gobernaciones que violan permanentemente los derechos humanos de las comunidades indígenas.


Francisco Nazar nació hace 74 años en el barrio de Palermo, pleno centro de Buenos Aires, pero desde hace décadas vive en Formosa. Durante más de veinte años convivió con los wichí del Departamento Ramón Lista, hasta que en 2011 decidió presentarse como candidato a gobernador por el Frente Amplio para desafiar la continuidad casi eterna de Gildo Insfrán. Perdió por goleada, pero recogió en las urnas una importante adhesión de las comunidades indígenas. Hoy es vicario del Obispado formoseño para las comunidades indígenas.


"Nosotros hemos tenido en esta provincia represiones muy brutales. La más brutal, que fue también la más conocida, fue en la Comunidad qom La Primavera, el 23 de noviembre de 2010, cuando hubo un indígena muerto. Fue muy fuerte, se enteró todo el país. Por eso ahora el gobierno utiliza el mecanismo de judicializarlos. Entonces, los toman porque estuvieron en un corte y les arman causas. A cada uno le hacen ocho, diez, doce causas. Los acusan de lucha en banda, con armas, por desacato a la autoridad, y cada una de esas causas tiene su ley. Algunas son excarcelables, otras no. Con eso los obligan a ir a tribunales, hacen que vaya a buscarlos la policía. Con eso quieren meterles miedo".
Cura Francisco Nazar - Complejo Juan Pablo II - Formosa

A fines de julio de 2014 la Justicia formoseña procesó a 16 personas por la presunta toma de la subcomisaría local, cuando más de un centenar de wichís de las más de diez comunidades englobadas en Potrillo (departamento Ramón Lista, en el árido noroeste de la provincia de Formosa) fueron a reclamar por el paradero de los cuatro hermanos Tejada, detenidos por un conflicto de alambrados con un criollo, cuando las tierras de Potrillo son de propiedad comunitaria y la Ley Integral del Aborigen –en concordancia con tratados internacionales– establece que no pueden ser alambradas. "A nadie le interesaron nuestros derechos. Este criollo vecino había alambrado parte de la tierra comunitaria y ellos fueron a quejarse porque no les dejaba ir al monte a cazar. El criollo no les dijo nada, pero les puso denuncias y una mañana temprano llegaron como cien policías y se los llevaron a los hermanos, de mala manera, y no sabíamos a dónde los habían llevado. Por eso fuimos a la comisaría a preguntar, pero no nos decían nada. Así empezó todo", dijeron en un reportaje. Los 16 wichís siguen procesados...

Por otro lado, el líder wichí en Ingeniero Juárez, tambièn en Formosa, viene sufriendo una feroz persecución política de parte del gobierno de Gildo Insfrán junto a otros integrantes de comunidades originarias. Fue detenido en abril de este mismo año, acusado de encabezar una banda del Barrio Obrero que hizo saqueos en casas de criollos, mientras él y su familia aseguran que no tuvieron absolutamente nada que ver, y fue detenido -casualmente- en el marco de una asamblea donde se discutirían los problemas que están generando las adicciones a drogas y alcohol en los jóvenes de los pueblos indígenas.


"Cuando Agustín llegó a la comisaría lo recibió el intendente de Ingeniero Juárez (Juan Rafael “Pachanga” Nacif) con una sonrisa, riéndose de su situación. Me consta que hubo una conversación entre ellos. Fue una emboscada. Iba a haber una reunión comunitaria y teníamos que asistir todos. La policía lo llamó y él se paró sin esperar lo que iba a pasar. El policía le metió un golpe en la cabeza y él cayó de la moto, luego de eso, otro le metió un palazo. Lo cargaron en la trafic de Infantería, lo arrastraron por el suelo. Me avisaron que me vaya porque también tenían orden contra mí. Después de un rato, el intendente fue a la comunidad donde lo levantaron a Agustín y más tarde dio una conferencia y denunció que los originarios lo habían secuestrado, cosa que nosotros desconocemos totalmente".
Lorena Frías, habitante de Ingeniero Juárez

A Santillán le inventaron 28 causas judiciales...



Santillán fue golpeado por los policías, recién ahí se pudieron observar los golpes que Agustín presentaba en varias partes de su cuerpo y en el rostro, como así la debilidad física de Roberto Frías y la endeble salud de Juan José Grande, con una bala alojada en su cuerpo y muy dolorido.


"Fue torturado, tiene el cuerpo con golpes, moretones y cortes. Tiene una hinchazón en la cabeza, el ojo derecho todo morado y la nariz y la boca con cortes. Las manos hinchadas, las muñecas con cortes por las esposas. Los brazos morados, las piernas. La espalda raspada porque lo arrastraron. Entre 10 policías lo golpearon".
Gabriela Torres, esposa de Agustín Santillán

Allí comenzó el acecho sobre Gabriela Torres, esposa de Agustín Santillán, primero le negaban verlo y desconocían su paradero, finalmente con la visita desde Buenos Aires del Dr Honoris Causa Félix Díaz y de los abogados del Consejo Consultivo y Participativo de los pueblos Indígenas, lograron saber dónde había sido trasladado, designar un abogado defensor y poder visitarlo en la Alcaidía de Formosa capital, pero cuando regresó para visitarlo Gabriela Torres quedó detenida. Los abogados denunciaron apremios ilegales contra Santillán y que un joven wichí que también estaba detenido había recibido dos disparos de arma de fuego, uno en la espalda y otros en la pierna.


Gabriela Torres, no estaba acusada junto a Santillán y en la policía ni el Juzgado de Las Lomitas no le notificaron nada todas las veces que recorrió las instituciones buscando saber el paradero de su marido, la habrían agregado en la lista de pedido de captura para 15 integrantes de la comunidad wichí del barrio Obrero que a habrían protagonizados lo hechos violentos en Ingeniero Juárez. Estuvo presa unos días, pero ahora pidieron nuevamente su captura junto a la de otros integrantes procesados de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez. La joven permanece escondida y está citada a declarar el próximo jueves. Como puede verse en la imagen, están acusados por "Robo a Mano Armada en Concurso Ideal con Robo en Poblado y en Banda, Daño, Atentado contra la Autoridad a mano Armada, Intimidación Pública, Instigación a Cometer Delitos y Lesiones".


Los wichí son convocados a prestar declaración indagatoria y ya tienen pedido de captura. Las ya masivas órdenes de detención dan cuenta, o bien de una persecución de carácter político-social, o que estamos ante la presencia de una de las bandas delictivas más numerosas y peligrosas de las que se tenga conocimiento en nuestra historia. Las simillitudes con el caso de Milagro Sala en Jujuy son varias.
Con los antecedentes de la provincia de Formosa durante la larga gestión de Insfrán, al menos es más sencillo creer que somos testigos de una persecución, previa estigmatización a través de los medios de prensa tradicionales. Seguramente que el poco espacio que le han dado a esta noticia los medios tradicionales de alcance nacional, y las pocas voces que se han levantado para defender y proteger a los wichí perseguidos, alientan a la justicia formoseña a continuar con la cacería legal.

Ante la intensificación de las persecuciones se levantan las voces de quienes trabajan por los derechos humanos y la lucha de los pueblos indígenas, repudiando la creciente criminalización de las mafias criminales establecidas en los gobiernos provinciales.
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, que acompañamos la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad del hermano indígena wichí Agustín Santillán, que se encuentra detenido en Las Lomitas (Formosa) desde el 14 de abril, simplemente por demandar el goce de sus derechos.
Junto con Agustín Santillán se encuentran otros hermanos indígenas detenidos (Bautista Macedonio y Roberto Frías) y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales.
En palabras de Agustín Santillán desde la cárcel: "Quiero pedir ayuda y seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza".
Hacemos pública esta situación, y quedamos comprometidos a dar seguimiento a éste y otros casos para tomar las medidas pertinentes, entre otras la denuncia a organismos internacionales para poner en evidencia situaciones graves y extremas que debilitan nuestra democracia.
  • Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI)
  • Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) – Equipo de Pueblos Originarios
  • Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)
  • Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf)
  • Centro de Políticas Públicas para el Socialismo / Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Ceppas / Gajat)
  • Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA)
  • Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas
  • Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera – Formosa)
  • Resistencia Qom
  • Comunidad Winkul Newen (Neuquén).
  • Movimiento de Profesionales para los Pueblos
  • Confederación Mapuche de Neuquén- Zonal Xawvn Ko
  • Convergencia de las Culturas
  • Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires
  • Punta Querandí
  • Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena
  • APDH La Matanza
  • Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
  • Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes)
  • Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt)
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
  • Junta Unida de Misiones (JUM) – Programa de Ciudadanía, Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia
  • Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI)
Pressenza

Esta es la resultante de una situación de violencia institucional tremendamente dolorosa: niños indígenas que no quieren ir más a la escuela por las diversas agresiones que sufren a diario; hombres amenazados que si salen de sus casas reciben de inmediato provocaciones de la policía que busca de inmediato detenerlos. Las mujeres no se animan ni a realizar las pocas compras que puedan hacer porque sufren las mismas provocaciones, que tienen como principales destinatarios a los jóvenes de esos barrios pobres y olvidados, una verdadera cacería cotidiana no demasiado distante de las prácticas del terrorismo de Estado que nuestro pueblo conoció en trágicas épocas pasadas.




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