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lunes, 27 de febrero de 2017

El Gran Hermano Te Espía


Aquí traigo una información muy importante pero que pasó inadvertida por la sociedad toda: UNA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA MODIFICÓ LAS TAREAS PROHIBIDAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS. Con la puerta abierta para el espionaje interno (esa gran debilitad del Felino Macri), la represión y las escuchas al mejor estilo 1984 o los regímenes militares de los 70s. Están preparando el garrote para reprimir los conflictos sociales y "domesticar" a cualquier posible opositor.

El gobierno de Mauricio Macri habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedadas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Una resolución de Ministerio de Defensa publicada el viernes en el Boletín Oficial autoriza a personal militar a hacer “informes socio ambientales”, término que remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace menos de dos años fue condenado el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy.
El ingeniero Julio César Martínez ordenó además que se equipe y capacite a los uniformados en el "principio de progresividad en el uso de la fuerza", contrario a la esencia de la formación militar, y habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución. "El gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales", advirtió Gastón Chillier, director del CELS. "Vamos a estudiar el tema y no descartamos iniciar una acción judicial porque la resolución iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia".


Una resolución del Ministerio de Defensa autoriza al Ejército a realizar tareas de espionaje interno, una actividad que está prohibida por las Leyes de Defensa y Seguridad Interior. La media habría sido tomada en respuesta a un pedido del Comando Sur de Estados Unidos. Tras el regreso de la democracia, se decidió separar con claridad las funciones de la Fuerzas Armadas (defensa ante ataques de otros países), y de las Fuerzas Seguridad (seguridad interior, combatir al delito, narcotráfico y terrorismo, etc.). Para ello se crearon dos leyes (La Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior), que determinan cuál son las funciones y los límites de cada una de estas Fuerzas.
La medida tomada por el Ministerio de Defensa y publicada en el Boletín Oficial viola ambas leyes, ya que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar espionaje interno, una tarea destinada a las Fuerzas de Seguridad. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos reclamaba esta medida hace años. La intención de controlar a las Fuerzas Armadas de cada país y, a través de estas, la situación interna y la presión política y social es uno de sus mayores anhelos. Los antecedentes de este tipo de situaciones se encuentran en la noche más oscura de América Latina, cuando todos los militares golpistas, dictadores, asesinos y torturadores de la región se formaban en la Escuela de las Américas, controlada por Estados Unidos. Desde allí se articularon todos los golpes de Estado sucedidos en el Cono Sur y centro América y se ejecutaron los planes de exterminio político, que dejaron como saldo miles de muertos y desaparecidos.
El pedido del Comando Sur había sido rechazado una y otra vez por el gobierno argentino de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el alineamiento automático del gobierno de Mauricio Macri a cada uno de los pedidos de Washington (más allá de quien esté en el sillón de la Casa Blanca), le ha dado la posibilidad de tomar esta medida.
La especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional, integrante del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA), Elsa Bruzzone, aseguró: "Esta resolución viola las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. No sé puede decidir con un decreto que el Ejército haga tareas de inteligencia. Esto va en línea con el pedido que el Comando Sur de Estados Unidos viene haciendo sistemáticamente a todos los países que somos parte del Sistema Interamericano de Defensa (SID). Hace tiempo que el Comando Sur viene solicitando que las Fuerzas Armadas intervengan en Seguridad Interior e implicarlas también en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. A los países que tienen leyes que impiden que las Fuerzas Armadas intervengan en Seguridad Interior, Estados Unidos les viene reclamando hace años que las deroguen, ya sea por un decreto o por una nueva ley. La tarea de las Fuerzas Armadas es defender al país de una agresión exterior, para la seguridad interna están los otros organismos".

Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”. La resolución 154-E/2017 deroga otra firmada por la ministra Nilda Garré y aprueba nuevos “principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”, concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los militares franceses durante la dictadura. “El concepto de zona militar sugiere que instalaciones como el Edifico Libertador pasarían a estar custodiadas por la policía militar. No es un cambio menor. Si mañana los ex combatientes de Malvinas van a protestar ahí, ¿los va a sacar con el Ejército?”, se preguntó el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

La primera diferencia notoria con la resolución de 2009 -que pretende actualizar- es que habilita “el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable” ya no para “rechazar la comisión de todo delito violento flagrante” sino flagrante a secas, es decir cualquier delito menor que se impute a cualquier persona que pise un cuartel. Se debe “orientar a las Fuerzas Armadas” a establecer criterios comunes en materia de “organización, prevención, coordinación, reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar”, sostiene Martínez en los fundamentos.

En el principio número 5 se asegura que “no procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia” para cumplir la resolución, pero en la oración siguiente se abre la puerta para hacer exactamente lo contrario: “No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal (sic) de cada una de las Fuerzas Armadas”, indica. En los escuetos considerandos no hay un solo fundamento de esta excepción.

Los argumentos que permiten advertir su ilegalidad sí están desarrollados en la resolución de Garré. Allí se explicaba que el decreto que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa precisó que “el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”. La resolución de Martínez, en cambio, instruye a los estados mayores de las fuerzas a asegurar “el equipamiento y capacitación” del personal militar, con la excusa de garantizar el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”. También es notorio el contraste entre el centenar de delitos en unidades de las tres fuerzas armadas enumerados en 2009 como fundamento de los principios a implementar para combatirlos. “En los últimos años en las instalaciones militares se han registrados hechos delictivos”, escribió el actual ministro, sin mencionar ni siquiera un ejemplo.

El argumento para garantizarles abogados del Estado a quienes eventualmente sean imputados ya sea por espionaje o por el uso no-progresivo de la fuerza consta de tan solo un par de palabras: “resulta necesario (sic) proveer el acompañamiento jurídico, el patrocinio y/o la representación en juicio”, es decir una situación similar a la que atravesaron los espías de la base Almirante Zar de Trelew y de toda la cadena de mandos de la Armada denunciada por el CELS y finalmente condenada por hacer inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas.

“Deberían explicar y dar precisiones acerca de qué implica la realización de esos informes socio ambientales”, advirtió Rossi ante la consulta de Páginað12. “La resolución genera dudas y sugiere que pueden estar preparando el terreno para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior”, señaló. “Nuestra primera impresión es que el tema es muy grave”, opinó Chillier. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena a Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.
Resumen Latinoamericano / Página12 / 26 de febrero de 2017


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